Uruguay establece marco regulatorio para activos virtuales
El Banco Central de Uruguay emitió una nueva regulación para regular criptoactivos y stablecoins.
Uruguay está consolidando su marco regulatorio para las actividades económicas relacionadas con los criptoactivos dentro de su jurisdicción. La promulgación de la Ley N° 20.345 marca un paso significativo en esta dirección, posicionando al país en línea con los estándares internacionales impulsados por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En el reciente Blockchain Summit Global celebrado en Montevideo, Patricia Tudesco, Intendente de Regulación Financiera del Banco Central de Uruguay (BCU), confirmó que la institución está trabajando activamente para establecer una reglamentación precisa y exhaustiva para los activos virtuales. Este esfuerzo subraya el compromiso del BCU con la creación de un entorno seguro y predecible para el desarrollo del ecosistema cripto.
Bitcoin excluido de la regulación financiera por el Banco Central de Uruguay
En el trazado de su ruta regulatoria para los activos virtuales, el Banco Central de Uruguay ha tomado una decisión clave: considerar a Bitcoin (BTC) como un activo virtual no financiero. Esta clasificación tiene implicaciones directas para las empresas que mantienen Bitcoin en sus tesorerías o que basan su modelo de negocio exclusivamente en este activo.
Específicamente, aquellas plataformas que operan en Uruguay y cuya actividad principal se centra en Bitcoin sin ofrecer otros tipos de servicios o activos clasificados como financieros, no podrán obtener las licencias financieras que otorga el BCU. Esta distinción busca diferenciar los activos que cumplen con criterios de inversión financiera de aquellos que, por su naturaleza o uso predominante, se consideran fuera del alcance de la supervisión bancaria tradicional.
Stablecoins bajo el escrutinio regulatorio en Uruguay
La regulación impulsada por el Banco Central de Uruguay pone un énfasis particular en las stablecoins. Las empresas que deseen ofrecer servicios de compra y venta de stablecoins en el país deberán adherirse a las exigencias impuestas a los proveedores de servicios de activos digitales financieros. Estas exigencias incluyen:
- Supervisión de Actividades: Las operaciones de las empresas serán monitoreadas para asegurar la transparencia y el cumplimiento.
- Prevención de Lavado de Dinero (AML): Implementación de rigurosas medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Protección al Consumidor: Establecimiento de salvaguardas para proteger los intereses de los usuarios que operan con stablecoins.
Este modelo de regulación se alinea con los estándares propuestos por el GAFI y guarda similitud con el marco legal de la Unión Europea, específicamente la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), que establece requisitos claros para emisores y receptores de stablecoins.
Con esta postura, Uruguay busca mantener un espacio responsable para el ecosistema cripto del país y de la región, promoviendo la innovación tecnológica sin descuidar la estabilidad financiera y la protección de los participantes del mercado. El enfoque regulatorio del BCU refleja una estrategia equilibrada para integrar los activos virtuales en el sistema financiero existente de manera controlada y segura.
