Panamá y el fortalecimiento de su regulación para activos digitales
La nación centroamericana plantea un avance de la adopción de las criptomonedas que ha terminado empujando a los reguladores a trabajar en un marco jurídico claro en la materia.
En el año 2025, la República de Panamá ha emprendido un esfuerzo significativo para robustecer el marco regulatorio y de control de los activos digitales. Esta iniciativa de modernización busca potenciar la seguridad jurídica y la transparencia, elementos esenciales para fomentar la confianza y la participación de empresarios, residentes y pequeñas y medianas empresas en la economía digital.
Antecedentes y la reafirmación de la gobernanza
La decisión actual de fortalecer la regulación es el resultado de un proceso de mejora continua en la gobernanza financiera del país. Un hito crucial en este camino se remonta al año 2019, cuando Panamá fue incluida en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a deficiencias en su régimen de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo aquellas provenientes del ámbito de los activos virtuales.
La posterior implementación de políticas robustas de seguridad y antilavado de activos (ALA/CFT) condujo a un resultado favorable. El 27 de octubre de 2023, Panamá fue oficialmente removida de la "lista gris" y del proceso de monitoreo intensivo del GAFI, lo que marcó un reconocimiento internacional a la eficacia de sus reformas y su compromiso con los estándares globales de transparencia.
Avances locales y el desafío legislativo nacional
A nivel local, la adopción de activos digitales ha avanzado de manera tangible. En abril de 2025, el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá aprobó una medida que habilita a los residentes a efectuar el pago de impuestos y multas municipales en criptomonedas, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC y USDT. Esta medida fue posible gracias a alianzas estratégicas con instituciones bancarias que facilitan la conversión de los activos virtuales a la moneda de curso legal.
Dicha implementación demuestra la viabilidad de la adopción digital en el ámbito público sin requerir una reforma legislativa a nivel nacional, siempre y cuando se opere dentro de un marco de estabilidad legal que respalde la confianza de los contribuyentes.
A pesar de estos avances, el país enfrenta un vacío legislativo en la materia. Este desafío se ha hecho evidente desde el año 2022, tras el veto del proyecto de ley 697, el cual buscaba establecer una regulación comprensiva para los activos virtuales. En la actualidad, el congresista Andrés Solis Arias ha manifestado su intención de proponer una nueva legislación que aborde específicamente la regulación de los servicios de activos virtuales y el reconocimiento de los contratos inteligentes. Sin embargo, el debate y la aprobación de este proyecto en el hemiciclo enfrentan resistencias de índole jurídica y política.
Perspectivas y el camino a seguir
El panorama actual en Panamá se caracteriza por una dicotomía: la adopción de facto a nivel municipal y una notable necesidad de claridad legislativa a nivel nacional. La capacidad del país para consolidarse como un centro de innovación en activos digitales dependerá en gran medida de su habilidad para superar estos desafíos políticos y jurídicos. La armonización de los esfuerzos locales con un marco regulatorio nacional coherente y actualizado es el próximo paso crucial para garantizar la seguridad, la innovación y el crecimiento sostenible en este sector emergente.
