Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina pospone el plazo para tasas de fiscalización de activos digitales

El plazo se ha extendido hasta el mes de noviembre.

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina anunció recientemente una postergación en los plazos de pago para las tasas de fiscalización aplicables a las actividades económicas relacionadas con criptomonedas. Emitido bajo la Resolución General (RG) N∘ 1086 el pasado 22 de septiembre, el comunicado extiende el periodo de cumplimiento para personas humanas y jurídicas que realizan ejercicios económicos vinculados a activos digitales.

La resolución establece que el nuevo plazo máximo para el pago de este tributo será el 7 de noviembre de 2025. El abono de estas obligaciones fiscales debe realizarse mediante el sistema de pago electrónico e-Recauda, administrado bajo la supervisión del gobierno argentino.

Marco regulatorio y objetivos de transparencia

El Estado argentino, a través de la CNV, está desarrollando un marco regulatorio con el fin primordial de formalizar el sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). La RG N∘ 1086 se inscribe en una estrategia más amplia que busca incrementar la supervisión y la transparencia operativa, con el objetivo explícito de minimizar el riesgo de lavado de capitales a través de operaciones con activos digitales. Esta transparencia se apoya en la ciberseguridad y la implementación de herramientas tecnológicas para crear procesos auditables que garanticen el cumplimiento normativo y ofrezcan a los usuarios un entorno de operación protegido. La apuesta estatal por la regulación busca, en esencia, legitimar y proteger las prácticas económicas basadas en activos virtuales.

Análisis del impacto en el mercado local

La regulación de los PSAV busca formalizar un sector que ha crecido rápidamente, pero que también ha enfrentado desafíos de seguridad como estafas, hackeos y falta de claridad legal. La posposición de la tasa de fiscalización para 2025 es una medida que brinda un alivio temporal al mercado, aunque el impacto regulatorio es más amplio y genera un balance de efectos.

Por un lado, los usuarios e inversores ganan en seguridad, estabilidad, confianza y protección, factores clave para un crecimiento sostenible del ecosistema. Por otro lado, enfrentan posibles contras, incluyendo la posibilidad de comisiones más altas debido a los costos regulatorios de cumplimiento, la consecuente pérdida de anonimato en las transacciones, y las potenciales barreras de entrada que podrían limitar la diversidad del ecosistema para nuevos operadores.

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