¿Por qué las principales plataformas de intercambio digital abandonan Venezuela?
A pesar de la masiva adopción, el entorno venezolano plantea diversas complejidades para los operadores de criptoactivos.
Si bien Venezuela es frecuentemente destacada como un entorno de adopción masiva de activos digitales, particularmente Bitcoin y stablecoins como USDT y USDC, la realidad operativa para las plataformas no es enteramente favorable. El país ha estado en el centro de la adopción y la minería de Bitcoin desde 2019, pero la complejidad regulatoria y geopolítica ha generado interrogantes sobre la sostenibilidad de las operaciones de los exchanges.
El éxito de la adopción involuntaria de las stablecoins tiene su origen en el estricto control cambiario que ha estado vigente desde 2003. La práctica ausencia de casas de cambio legales para la adquisición de divisas físicas, junto con la disminución de la oferta de dólares a través de la intervención bancaria, ha compelido a muchos ciudadanos a recurrir a los pocos exchanges operativos para obtener dólares digitales. Estos espacios se han convertido en la principal vía para el envío de remesas, el resguardo de valor ante la inflación o la realización de cobros y pagos por bienes y servicios.
El desafío del cumplimiento y las sanciones
La pregunta clave que enfrentan los equipos de proyectos y los responsables de cumplimiento es: ¿A qué costo se puede operar en Venezuela? Grandes plataformas internacionales que no poseen sede física en el país, como Binance, Bitget y Bitfinex, manejan el grueso de las transacciones en USDT.
Sin embargo, el entorno internacional plantea serias dificultades. Un especialista en el área consultado sobre la situación explicó la posición de las corporaciones al afirmar: “Las empresas en general para evitar de cierta manera para hacer revisiones proceden salirse del mercado, asi se evitan los dolores de cabezas, todo esto por las sanciones económicas que hay hacia las instituciones y ciertos funcionarios, las empresas no desean dejar de operar en Venezuela, les toca marcharse por una fuerza superior a sus intereses.”
Desde esta perspectiva, las entidades prefieren reducir los costos y riesgos asociados a la auditoría de la procedencia de los fondos. La existencia de sanciones internacionales sobre el país y ciertos funcionarios, impuestas por entes como Estados Unidos, expone a los exchanges al riesgo de ser utilizados para el blanqueo de capitales, motivo por el cual la restricción o el cese de operaciones se convierte en una medida preventiva.
La salida de productos y la fricción regulatoria
La complejidad de ofrecer servicios en este entorno se ve agravada por la intermitencia jurídica y la necesidad de cumplimiento global. Un segundo especialista en el rubro aportó otra perspectiva sobre la retirada de servicios, señalando que: “Al asignar tarjetas de debito o crédito internacionales a ciudadanos Venezolanos en Venezuela tiene que tener una parte de cumplimiento, a pesar de que parece paradójico de querer bancarizar y llevar a cripto a donde no lo hay, cuando vamos al caso, las empresas tienen que trabajar bajo el marco regulatorio de Venezuela no van a exponerse a una sanción a solucionar problemas en un país restringidos.”
En el transcurso de 2025 se han registrado varios casos que ilustran esta dificultad. La inestabilidad para ofrecer un servicio o desarrollo sin fricción jurídica se manifestó en la suspensión de las cuentas bancarias virtuales de origen estadounidense a ciudadanos venezolanos en plataformas como Meru y Kontigo.
De igual manera, el exchange El Dorado cesó sus operaciones en Venezuela a mediados de 2025, un hecho que se atribuye a la presión ejercida por el Estado nacional. En resumen, la necesidad social de los activos digitales se encuentra en constante fricción con las obligaciones de cumplimiento internacional y la presión regulatoria interna.
