El fin de la opacidad cripto y la nueva potestad para embargar activos digitales con nuevas regulaciones en España
Hacienda española ha presentado una regulación para obligar a exchanges y pasarelas de pago a reportar con más detalles.
A principios de 2026 ha entrado en vigor una drástica transformación en la fiscalidad de los criptoactivos en Europa. Esta reforma se basa en la Directiva DAC8 de la Unión Europea y el Marco de Información (CARF) de la OCDE.
Ambos marcos obligan a exchanges, pasarelas de pago y startups a reportar saldos, movimientos y transferencias a las autoridades fiscales. El objetivo central es robustecer la lucha contra la evasión y auditar fondos de dudosa procedencia.
Alcance global de la obligación de reporte
La medida tiene un alcance supranacional que va más allá de las fronteras de España. Si un residente fiscal español opera con un exchange extranjero autorizado en la UE, la autoridad facilitará automáticamente los datos.
Esta alianza del sistema financiero de la Unión Europea elimina la antigua narrativa de que un exchange foráneo es un punto ciego para el fisco. El pensamiento de "si no opera en mi país, no se enteran" queda obsoleto.
Expertos tributarios anticipan un "efecto espejo": Hacienda recibirá un archivo con los movimientos en el extranjero antes de la campaña de la Renta. Esto permitirá enviar avisos preventivos al contribuyente o pre-rellenar datos en el borrador fiscal.
Reformas legales y poderes de embargo
La reforma se extiende a la Ley General Tributaria española, otorgando nuevas potestades a las autoridades. Ahora es posible embargar criptoactivos o activos digitales de la misma manera que se intervienen cuentas bancarias.
Esta capacidad se aplicará en casos de malversación de capitales, suspensión de fondos o intervención de bienes físicos. La nueva ley equipara la naturaleza jurídica de las criptomonedas a otros instrumentos financieros tradicionales.
Billeteras de autocustodia aún sin control de Hacienda
A pesar de la ambición regulatoria, persisten vacíos legales significativos. Estos se concentran en las billeteras de autocustodia, como Ledger, Trezor o aplicaciones como MetaMask.
El fisco no tiene una entidad central a la cual exigir directamente los fondos en estas wallets. La única vía para la autoridad es vincular la dirección pública con la identidad del contribuyente.
Esta conexión solo se puede establecer mediante rastreos de transferencias desde exchanges o plataformas centralizadas que sí están obligadas a reportar.
