Chile lidera en América Latina con regulación vigente y atrae interés de inversores
Estados Unidos y Canadá se posicionan como los países con mejor claridad regulatoria sobre los activos digitales.
El reporte titulado “Mapped: Stablecoin Regulation Globally" de la consultora Visual Capitalist, aborda el crecimiento en adopción de stablecoins en los diferentes continentes, el desarrollo de un panorama regulatorio y las tendencias que van adoptando los países para adherir este tipo de activos a las economías locales.
En el reporte dado por Visual Capitalist el primer país con un panorama regulatorio ameno para las prácticas económicas relacionadas es Estados Unidos, el segundo es Canadá y el tercero es Chile; cabe acotar que Chile es el país en la región que ha ido desarrollando en los últimos años políticas fiscales relacionados a los activos digitales, proceso de auditorías y medidas a el lavado de capitales relacionados a stablecoins.
Inversión en la región
El análisis del mapeo global de Visual Capitalist revela un panorama regulatorio contrastante para las stablecoins en América Latina. Aunque la tendencia general en los países en desarrollo es la ausencia de legislación específica, la región está mostrando avances "notables" que son cruciales para atraer la inversión institucional.
En la actualidad, Chile es el pionero a nivel regional, con una claridad regulatoria, la cual en los últimos años la región ha sido polémica por la incertidumbre de los Estados en los marcos regulatorios para el desarrollo de actividades, en lo que va del 2025 varias empresas del ecosistema en Chile han obtenido inversión por empresas de la industria.
¿Por qué la regulación atrae capital?
La claridad de un marco regulatorio es un impulsor de interés por parte de los inversores institucionales en inyectar capital en proyectos en América Latina, Las leyes claras sobre stablecoins son una señal de legitimidad y reducen significativamente el riesgo legal para los grandes fondos de inversión y las instituciones financieras. Estos actores necesitan garantías de que su capital no será objeto de cambios regulatorios abruptos o prohibiciones.
